Coimas en importaciones: la Justicia detecta pagos ilegales para destrabar permisos en la era Fernández.

Una investigación judicial que avanzó en los últimos meses comenzó a poner bajo la lupa el sistema de autorizaciones para importar durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. Lejos de los discursos oficiales de control y administración del comercio exterior, el expediente describe un circuito paralelo donde los permisos podían tener precio.

Según reconstruyó la causa, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones para destrabar autorizaciones de importación en el período más restrictivo del cepo cambiario, cuando el Ministerio de Economía estaba conducido por Sergio Massa.

La investigación incluyó cerca de 30 allanamientos en apenas cinco meses y ya tiene imputados a operadores financieros y a cinco funcionarios vinculados al Banco Central de la República Argentina, lo que amplía el alcance del caso hacia áreas sensibles del manejo cambiario.

En el centro de la escena aparecen las autorizaciones para importar —claves en un contexto de fuertes restricciones— que, según los testimonios recogidos, no siempre se definían por criterios técnicos o productivos, sino por la capacidad de pago de quienes buscaban acceder al sistema.

El expediente también sugiere que las maniobras no eran aisladas. Las operaciones investigadas, en conjunto, alcanzarían varios millones de dólares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado de intermediación y cobros indebidos dentro del circuito de comercio exterior.

Aunque la causa todavía está en etapa de instrucción, el impacto político ya se hace sentir. El caso vuelve a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos de control de importaciones durante la gestión anterior y reabre sospechas que, incluso en su momento, habían circulado en el ámbito empresarial sobre la existencia de “peajes” informales para acceder a divisas y autorizaciones.

Por ahora, la Justicia avanza sobre los eslabones operativos. Pero el interrogante de fondo —si hubo responsabilidades políticas en la estructura que permitió estas prácticas— empieza a instalarse como el verdadero núcleo de un escándalo que promete escalar.

Coimas en importaciones: la Justicia detecta pagos ilegales para destrabar permisos en la era Fernández.

Una investigación judicial revela que empresarios habrían pagado hasta un 15% en sobornos para acceder a autorizaciones en un sistema atravesado por restricciones. El caso ya alcanza a funcionarios y expone posibles fallas estructurales en el control del comercio exterior.