Conflicto universitario: el sector académico denuncia "parálisis legal" y exige al Ejecutivo que aplique la ley vigente.

La tensión entre las universidades públicas y el Gobierno Nacional ha alcanzado un nuevo punto crítico. En un documento conjunto emitido tras la última reunión plenaria, rectores, docentes y agrupaciones estudiantiles denunciaron una "maniobra de asfixia presupuestaria" por parte del Ejecutivo, al ignorar la ley aprobada por el Congreso hace ya 180 días, la cual establecía una actualización automática de partidas frente a la inflación.

A pesar de que la normativa fue sancionada con amplia mayoría en ambas cámaras, el Palacio de Hacienda ha mantenido los fondos congelados, argumentando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el ámbito académico aseguran que no se trata de un problema de recursos, sino de una "decisión política de desfinanciamiento" que ya afecta el pago de salarios y el mantenimiento básico de los edificios.

"No estamos pidiendo algo nuevo, solo exigimos que se cumpla con la ley vigente", expresaron referentes del sector universitario. La parálisis administrativa ha generado que diversos proyectos de investigación queden truncos y que las becas estudiantiles pierdan más del 40% de su valor real en el último semestre.

La comunidad universitaria adelantó que, de no mediar una respuesta inmediata y la efectiva transferencia de los fondos adeudados, se iniciará un plan de lucha que incluirá clases públicas, movilizaciones federales y, eventualmente, la suspensión del inicio del próximo ciclo lectivo. La crisis no solo pone en jaque la calidad educativa, sino que abre un nuevo frente judicial, ya que varias casas de altos estudios no descartan presentar amparos por el incumplimiento de la ley nacional.

Conflicto universitario: el sector académico denuncia "parálisis legal" y exige al Ejecutivo que aplique la ley vigente.

A seis meses de su aprobación parlamentaria, la comunidad universitaria nacional se declaró en estado de alerta ante el incumplimiento de la normativa que garantiza el financiamiento para ciencia y educación superior. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierte que la falta de implementación pone en riesgo el segundo cuatrimestre.