Crece la tensión por la ley de discapacidad: el Gobierno apela en la Corte y el conflicto se traslada al Congreso.

El conflicto por la implementación de la ley de Emergencia en Discapacidad volvió a escalar en las últimas horas, luego de que el Gobierno nacional decidiera llevar la disputa a la Corte Suprema, mientras crecen los reclamos de organizaciones, familias y referentes del sector en el Congreso.

La administración nacional presentó un recurso extraordinario para frenar la aplicación de la norma, argumentando que su ejecución podría generar un fuerte impacto en las finanzas públicas y comprometer la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

La ley había sido sancionada por el Congreso en 2025 y, tras un veto inicial, finalmente fue promulgada. Sin embargo, el Ejecutivo dispuso su suspensión mediante un decreto, lo que derivó en una demanda judicial. En ese marco, un fallo declaró inválida esa suspensión y obligó al Estado a avanzar con su implementación, lo que ahora vuelve a ser discutido en la Corte.

Mientras tanto, la tensión también se trasladó al ámbito legislativo. En la Cámara de Diputados, organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares y referentes del sector participaron de una reunión en la Comisión de Discapacidad para denunciar una situación crítica en las prestaciones. Según señalaron, existen demoras en pagos, interrupciones de tratamientos y dificultades crecientes en el acceso a servicios esenciales.

Durante el encuentro, la actriz Lola Berthet cuestionó con dureza el accionar del Gobierno y apuntó contra el ministro de Salud, al reclamar la plena implementación de la ley vigente. En la misma línea, distintos expositores advirtieron sobre el impacto social del ajuste en el área y alertaron sobre el deterioro del sistema.

También participó el activista Ian Moche, quien denunció situaciones de hostigamiento y violencia, en un contexto donde el debate sobre discapacidad también se trasladó al plano público y político.

En paralelo, el Gobierno impulsa un nuevo proyecto en el Senado bajo el argumento de combatir el fraude en pensiones por invalidez. La iniciativa propone revisar los beneficios, endurecer auditorías y establecer un reempadronamiento obligatorio, lo que fue fuertemente cuestionado por organizaciones del sector, que consideran que implica un retroceso en derechos adquiridos.

Uno de los puntos más controvertidos es el cambio en el criterio de acceso a las pensiones, ya que se volvería a un esquema que prioriza la imposibilidad de trabajar como condición excluyente, lo que podría afectar a personas con discapacidad que actualmente logran insertarse en el mercado laboral sin perder el beneficio.

En este contexto, el conflicto combina tres frentes simultáneos: la disputa judicial en la Corte Suprema, el debate legislativo en el Congreso y el creciente reclamo social de familias y organizaciones, que advierten sobre una crisis en el sistema de atención y exigen respuestas urgentes.

Crece la tensión por la ley de discapacidad: el Gobierno apela en la Corte y el conflicto se traslada al Congreso.

El Gobierno busca frenar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad mientras impulsa un nuevo proyecto, en medio de fuertes críticas de organizaciones y reclamos por la crisis en las prestaciones.