El FMI trazó la hoja de ruta económica y el Gobierno deberá avanzar con cambios impositivos.

El nuevo entendimiento entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional dejó al descubierto una hoja de ruta económica que marcará buena parte de las definiciones fiscales de los próximos meses. Según surge del memorando técnico que acompaña la segunda revisión del acuerdo, la administración nacional se comprometió a presentar antes de fin de año una reforma tributaria orientada a simplificar el sistema impositivo y avanzar sobre tributos considerados distorsivos.

Entre los puntos más sensibles aparecen posibles cambios en las retenciones, el impuesto al cheque, el esquema de Ingresos Brutos y una revisión integral del monotributo. El objetivo central planteado por el organismo es reducir la complejidad tributaria argentina, actualmente conformada por más de 155 impuestos entre Nación, provincias y municipios, y generar un marco más eficiente para sostener el equilibrio fiscal.

El informe también plantea una ampliación de la base tributaria, una medida que podría traducirse en que más trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por el impuesto a las Ganancias. A eso se suma la revisión de exenciones impositivas, una eventual reformulación del IVA y modificaciones al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, con el propósito de acercarlo progresivamente al régimen general.

Otro de los puntos destacados del documento es la propuesta de avanzar hacia una coordinación fiscal más estrecha con las provincias. En ese marco, aparece la posibilidad de discutir a futuro un esquema tributario compartido entre Nación y distritos provinciales, que permita reemplazar gradualmente gravámenes como Ingresos Brutos por sistemas considerados menos distorsivos para la actividad económica.

En paralelo, el memorando también dejó una señal política clara respecto al sistema previsional. El Gobierno evitó asumir compromisos inmediatos sobre una reforma jubilatoria y estableció que cualquier discusión estructural sobre el régimen de pensiones quedará para después de las elecciones presidenciales de 2027. Según el texto, primero deberán consolidarse las reformas tributarias y laborales para mejorar la formalidad del empleo y garantizar sustentabilidad fiscal.

La definición busca evitar un frente de conflicto social en el corto plazo, especialmente en un contexto donde el gasto previsional continúa representando una porción significativa del presupuesto nacional. El propio organismo internacional advirtió sobre la presión creciente que ejerce el sistema jubilatorio sobre las cuentas públicas y recomendó avanzar, aunque de manera gradual, hacia una revisión integral del esquema.

Con este escenario, el Gobierno enfrenta ahora el desafío político de traducir los compromisos técnicos en proyectos legislativos concretos. La necesidad de negociar con gobernadores, sectores productivos y bloques parlamentarios será determinante para definir hasta dónde podrá avanzar una agenda económica que promete cambios de fondo, pero que aún deberá atravesar un complejo proceso de consensos y resistencias.

El FMI trazó la hoja de ruta económica y el Gobierno deberá avanzar con cambios impositivos.

El acuerdo con el organismo internacional expuso los compromisos asumidos por la Casa Rosada para impulsar una reforma tributaria integral antes de fin de año. El plan incluye revisar impuestos clave, modificar el monotributo y postergar cualquier discusión previsional hasta después de 2027.