El gasto público 2025: estabilidad macroeconómica a un alto costo social

El informe de la consultora Analytica, basado en datos oficiales, permite identificar una reasignación con ganadores y perdedores claros, que refleja las prioridades políticas de la administración.

Los perdedores: un ajuste que recae sobre el tejido social y la infraestructura

La búsqueda del equilibrio fiscal continúa teniendo un rostro social marcado. Las partidas más afectadas en 2025 fueron aquellas directamente vinculadas al bienestar y la movilidad ascendente de los sectores populares:

• Programas Sociales (-21.7%): Esta categoría sufrió el recorte más contundente. Destacan las caídas en Potenciar Trabajo (-44.5%), una herramienta clave para la economía popular; las becas Progresar (-38.5%), esenciales para el acceso a la educación; y las políticas alimentarias (-19.8%), que impactan en la seguridad alimentaria.

• Obra Pública (-46%): La inversión en infraestructura se desplomó por segundo año consecutivo, con una caída acumulada superior al 85% desde 2023. Si bien hubo un leve repunte en obras ejecutadas directamente por el Estado (como el Ferrocarril Roca), el recorte en transferencias de capital (-59.3%), principalmente a Energía Argentina (-83.3%), apunta a una desinversión estratégica en el sector energético.

• Subsidios Económicos (-35.4%): Esta reducción se traduce directamente en aumentos en las tarifas de servicios públicos como la electricidad y el transporte, encareciendo el costo de vida.

Los ganadores: transferencias políticas e incrementos selectivos

Mientras se aplicaba este ajuste, otras partidas experimentaron aumentos significativos, evidenciando una lógica de compensación política y gasto corriente:

• Transferencias a Provincias (+22%): Este incremento, el mayor del año, fue impulsado principalmente por el cumplimiento de una medida judicial a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en un contexto de año electoral. Esto genera interrogantes sobre el criterio de distribución federal de recursos.

• Asignación Universal por Hijo (+18.9%): Este aumento, aunque positivo, contrasta con el fuerte recorte en otros programas sociales, lo que sugiere una focalización que deja fuera a una parte importante de la población en situación de precariedad.

• Bienes y Servicios (+14.2%): Este rubro, que incluye gastos de funcionamiento del Estado, mostró un crecimiento relevante, lo que pone en cuestión la eficacia de la prometida "motosesierra" contra la casta política.

Perspectiva crítica: un modelo que consolida la inequidad

La composición final del gasto consolida un Estado centrado casi exclusivamente en la seguridad social (63.3% del total), mientras reduce su rol en salud (6.1%), educación (5.8%) e inversión productiva. Esta configuración responde a una visión que prioriza el equilibrio contable inmediato sobre el desarrollo a largo plazo.

El presupuesto proyectado para 2026, con un recorte real estimado del 9.2%, anuncia una profundización de esta tendencia. La mayoría de los programas sociales y de infraestructura continuarían su contracción, con la excepción de una partida para empresas públicas energéticas, lo que indica una continuidad en la política de transferir recursos a actores corporativos específicos.

Conclusión: Más que una "sintonía fina", un cambio de rumbo estructural

La ejecución presupuestaria de 2025 no representa una simple moderación del ajuste, sino una redefinición estratégica del rol del Estado. Se consolida un modelo donde se retrae la inversión pública, se reduce el amparo social para amplios sectores y se transfiere el costo de la contención fiscal a las familias a través de tarifas y un menor acceso a programas de inclusión. La estabilidad macroeconómica que se pregona se está construyendo sobre la base de una mayor vulnerabilidad social y un debilitamiento estructural de las capacidades productivas del país, plantando dudas sobre la sostenibilidad y la equidad del camino elegido.

El gasto público 2025: estabilidad macroeconómica a un alto costo social

Un análisis de la ejecución presupuestaria del año 2025 revela una aparente pausa en el ajuste fiscal del Gobierno nacional. Sin embargo, tras el dato agregado de un gasto prácticamente estable (-0.1% en términos reales), se esconde una profunda redistribución de los recursos públicos que beneficia a ciertos sectores y castiga de forma severa a las áreas más sensibles para la población vulnerable.