El Gobierno espera una definición judicial para avanzar en la investigación sobre la AFA.

El Gobierno nacional decidió bajar momentáneamente la tensión en el conflicto con la AFA y aguardará una definición de la Justicia antes de avanzar con nuevas medidas sobre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En la Casa Rosada sostienen que la Cámara Civil debe resolver primero la apelación presentada por la Asociación del Fútbol Argentino contra la veeduría impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ).

La ofensiva oficial comenzó meses atrás luego de que la IGJ denunciara supuestas irregularidades en balances, contratos y movimientos financieros de la AFA. Entre los puntos bajo análisis aparecen operaciones vinculadas a la empresa TourProdEnter, la firma Sur Finanzas y la creación de la denominada Universidad de la AFA (UNAFA), además de observaciones sobre documentación contable que, según el organismo, nunca fue presentada en forma completa.

La semana pasada, los veedores designados por el Ministerio de Justicia intentaron ingresar a la histórica sede de Viamonte, pero encontraron las puertas cerradas y un cartel que derivaba la atención a Pilar. Allí dejaron un requerimiento formal con pedidos de información financiera y administrativa tanto para la AFA como para la Superliga.

Desde el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que por ahora no se analiza utilizar fuerza pública para garantizar el ingreso de los veedores y que la estrategia oficial será continuar por la vía judicial y administrativa. El Gobierno apuesta a que las respuestas escritas que deben presentar la AFA y la Superliga antes del viernes permitan avanzar en la investigación sin profundizar el conflicto institucional.

La disputa también tiene un fuerte trasfondo político. En el oficialismo consideran que la mudanza de la sede de la AFA a Pilar buscó escapar del control de la IGJ porteña, mientras que desde la entidad rechazan las acusaciones y denuncian una persecución política. La propia IGJ sostuvo en documentos oficiales que la relocalización “fue falsa” y que la asociación continúa bajo jurisdicción nacional.

Además de los balances 2025, el Ejecutivo busca acceder a información sobre movimientos económicos de los últimos años. Según datos difundidos por la IGJ, existen inconsistencias por montos millonarios en dólares y operaciones financieras que todavía no fueron debidamente justificadas por la conducción de la AFA.

El Gobierno espera una definición judicial para avanzar en la investigación sobre la AFA.

La Casa Rosada aguarda respuestas formales de la entidad que preside Claudio Tapia y evita profundizar el conflicto mientras la Justicia analiza la apelación contra la veeduría impulsada por la IGJ. La causa incluye sospechas sobre balances, contratos y movimientos financieros millonarios.