El Gobierno evalúa pagar $2,5 billones por universidades y advierte por el regreso del déficit.
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PRINCIPALECONOMÍA
4/17/2026
El Gobierno nacional se prepara para afrontar un fuerte desembolso destinado al sistema universitario, luego de un nuevo revés judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada estiman que el cumplimiento de la norma implicará un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, una cifra que, según advierten, podría poner fin al equilibrio fiscal alcanzado en los últimos meses.
La decisión se da en el marco de una disputa que lleva meses entre el Ejecutivo y las universidades públicas. La Justicia ratificó la vigencia de la ley sancionada por el Congreso en 2025 y fijó plazos concretos para que el Estado garantice los fondos necesarios para salarios, becas y funcionamiento.
En el Gobierno reconocen que la situación es compleja. Fuentes oficiales admiten que actualmente no cuentan con los recursos disponibles para cubrir el monto exigido y que será necesario redefinir partidas o buscar mecanismos para afrontar el pago. Incluso, analizan la posibilidad de realizar transferencias de manera escalonada.
Pese a que el Ejecutivo apelará la medida ante la Corte Suprema, dentro del propio oficialismo consideran poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo, lo que obligaría a comenzar con los giros en el corto plazo.
El trasfondo del conflicto es fiscal: desde el Gobierno sostienen que cumplir con la ley implicaría reabrir el déficit, en tensión con la política de ajuste y superávit que impulsa la administración nacional.
Del otro lado, autoridades universitarias y sectores académicos insisten en que el Estado debe garantizar el financiamiento para sostener el funcionamiento del sistema, en medio de un deterioro salarial y presupuestario que ya impacta en docentes, investigación y actividad académica.
Así, el conflicto por el financiamiento universitario entra en una etapa decisiva, con presión judicial, tensiones políticas y un fuerte impacto en las cuentas públicas.
El Gobierno evalúa pagar $2,5 billones por universidades y advierte por el regreso del déficit.
Tras un fallo judicial que lo obliga a cumplir la ley de financiamiento universitario, el Ejecutivo analiza cómo afrontar el gasto y anticipa un impacto directo en el equilibrio fiscal.