El Gobierno flexibiliza controles y deja de revisar el patrimonio de quienes ingresen dólares no declarados

En un giro normativo polémico, el Gobierno nacional reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal, lo que implica que las autoridades dejarán de solicitar antecedentes patrimoniales a quienes decidan ingresar al sistema formal sus llamados dólares “del colchón”, es decir, los ahorros en moneda extranjera que durante años miles de argentinos guardaron fuera del circuito bancario para protegerse de la inflación y la inestabilidad económica.

Presentada por la administración de Javier Milei como una forma de incentivar el ingreso de divisas al sistema formal y dinamizar la economía, la medida elimina uno de los pocos mecanismos de fiscalización que existían sobre movimientos de riqueza, concentrándose sólo en declarar ingresos y deducciones presentes sin revisar el origen pasado del dinero.

Desde la óptica oficial, este cambio forma parte de un “plan de remonetización”: al facilitar que los particulares incorporen sus dólares sin mayores controles retrospectivos, esperan que los billetes atesorados desde hace décadas ingresen al sistema financiero y se traduzcan en más consumo, inversiones y liquidez para la economía.

Sin embargo, la decisión no está exenta de críticas desde sectores progresistas y parte del establishment económico. Para estos críticos, eliminar de facto la revisión de patrimonio puede abrir puertas a prácticas de elusión fiscal o, peor aún, convertirse en un incentivo indirecto para el blanqueo de activos de origen dudoso, debilitando los principios de justicia tributaria y equidad que deben regir en una sociedad democrática.

Analistas del ámbito académico y político advierten que una política de este tipo, al priorizar la atracción de capitales sin las garantías de transparencia necesarias, calma a corto plazo pero puede profundizar desigualdades a largo plazo, beneficiando a quienes ya disponen de importantes ahorros en dólares sin enfrentar las obligaciones fiscales que sí pesan sobre la mayoría de los contribuyentes.

Enfrentado a este contexto, el Gobierno ha intensificado su presión sobre el sistema bancario para que acepte estos depósitos sin requisitos adicionales a los exigidos por la nueva ley, incluso con advertencias públicas sobre posibles despidos de empleados que pidan documentación extra a los ahorristas.

La medida se inscribe en la ambiciosa agenda económica del Ejecutivo, que desde el inicio de su gestión apuesta por una liberalización profunda del régimen fiscal y cambiario. Pero en un país con marcada informalidad y desigualdad, más allá de los discursos, las dudas sobre impacto social real y control efectivo persisten entre economistas, sindicatos y organizaciones sociales

El Gobierno flexibiliza controles y deja de revisar el patrimonio de quienes ingresen dólares no declarados

La medida busca incentivar el ingreso de ahorros en moneda extranjera al sistema financiero, pero genera cuestionamientos por la falta de controles sobre el origen de los fondos y su impacto en la equidad fiscal.