La Libertad Avanza intenta reactivar su “plan B” para reformar el financiamiento universitario.

El oficialismo nacional, encabezado por La Libertad Avanza, volvió a poner en agenda una alternativa legislativa para modificar el esquema de financiamiento universitario, en medio de la disputa judicial por la aplicación de la ley vigente. La estrategia apunta a reflotar un “plan B” que permita redefinir la asignación de recursos sin comprometer el equilibrio fiscal.

La iniciativa surge en un contexto adverso para el Gobierno, luego de que la Justicia ratificara la obligación de cumplir con la normativa aprobada por el Congreso, que implica una fuerte erogación para el Estado. Desde la Casa Rosada sostienen que la ley actual presenta problemas de implementación, principalmente por la falta de una fuente clara de financiamiento.

Ante ese escenario, el oficialismo busca avanzar con un nuevo proyecto que reemplace o modifique la legislación vigente. La intención es establecer un esquema más flexible que permita ajustar las partidas sin generar un impacto directo en las cuentas públicas, uno de los ejes centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto en varios frentes. Por un lado, el Ejecutivo intenta frenar la aplicación de la ley a través de recursos judiciales; por otro, sectores universitarios y de la oposición presionan para que se cumpla el financiamiento aprobado. En ese equilibrio inestable, el “plan B” aparece como la carta política con la que el oficialismo busca recuperar margen de maniobra en el Congreso y evitar un mayor costo fiscal.

La Libertad Avanza intenta reactivar su “plan B” para reformar el financiamiento universitario.

Ante los reveses judiciales y la presión por cumplir la ley vigente, el oficialismo busca impulsar una alternativa legislativa para redefinir el esquema de fondos para las universidades y evitar el impacto fiscal que implicaría su aplicación plena.