Polémica por las rutas: crecen las críticas al plan de traspaso a las provincias.

El proyecto de transferir rutas nacionales a las provincias volvió a encender la polémica en Santa Fe, donde distintos sectores salieron a cuestionar la iniciativa y alertaron sobre sus posibles consecuencias en la infraestructura vial y la economía regional.

La discusión se da en un contexto de deterioro sostenido de corredores clave como la Ruta Nacional 11 y la 34, donde el estado de la calzada y la falta de mantenimiento vienen siendo motivo de reclamos constantes. En ese marco, voces del ámbito político y técnico advirtieron que el traspaso sin recursos podría agravar aún más la situación.

Uno de los puntos más cuestionados es la falta de claridad sobre el financiamiento. Según señalan desde la provincia, asumir la gestión de estas rutas implicaría una carga económica difícil de sostener sin partidas específicas, lo que podría traducirse en menor inversión, obras postergadas y un mayor deterioro de la red vial.

Las críticas también apuntan al posible avance de esquemas de concesión privada. En ese sentido, se advierte que el aumento de peajes podría recaer sobre los usuarios sin garantizar mejoras reales en las condiciones de circulación, afectando tanto a transportistas como a economías regionales.

El impacto productivo es otro de los ejes del debate. Santa Fe, con un fuerte perfil agroindustrial, depende de rutas en buen estado para el traslado de mercadería hacia puertos y centros de distribución. Un sistema vial deficiente no solo encarece costos logísticos, sino que también afecta la competitividad.

En este contexto, algunas expresiones reflejaron con crudeza la preocupación: “vamos a volver al sulky”, señalaron desde sectores vinculados a la gestión vial, graficando lo que consideran un retroceso en materia de infraestructura si no se garantiza un esquema sólido de mantenimiento.

Además, desde entidades de usuarios viales y especialistas en derecho se plantearon dudas sobre la legalidad de la medida, al considerar que podría implicar una transferencia de responsabilidades sin el respaldo presupuestario correspondiente.

Así, el debate trasciende lo técnico y se instala en el plano político: quién debe hacerse cargo de las rutas, con qué recursos y bajo qué modelo de gestión. Mientras tanto, en el territorio, el problema sigue siendo concreto: caminos en mal estado, riesgos crecientes y una demanda urgente de soluciones.

Polémica por las rutas: crecen las críticas al plan de traspaso a las provincias.

Referentes santafesinos advierten por el impacto en la producción, el estado de los caminos y la falta de financiamiento ante una eventual provincialización.