Por qué el Gobierno demora la nueva medición de la inflación y qué impacto tiene en la vida cotidiana

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec volvió a poner en el centro del debate una cuestión clave para la economía cotidiana: la medición de la inflación. Según explicó Sofía Botto, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario, la salida del funcionario estuvo directamente vinculada a la decisión del Gobierno nacional de no implementar una nueva metodología para medir los precios.

“Lavagna no pudo avanzar con la actualización del índice porque el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo impidieron”, sostuvo Botto. Para la dirigente, se trata de una decisión política que tiene consecuencias directas sobre salarios, jubilaciones y prestaciones sociales.

Desde el ISEPCi vienen señalando desde hace tiempo que el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) se basa en una estructura de gastos que ya no representa la realidad de los hogares argentinos. “La ponderación que se utiliza corresponde a un patrón de consumo de los años 2004-2005. Más de veinte años después, las formas de vivir, consumir y trabajar cambiaron profundamente”, explicó.

Uno de los ejemplos más claros es el rubro comunicaciones, que hoy ocupa un lugar central en la vida cotidiana pero tiene una incidencia mínima en el índice oficial. “El acceso a internet o a la conectividad ya no es un lujo: es una condición básica para estudiar, trabajar y vincularse”, remarcó.

Servicios que pesan, pero no se miden

Para Botto, el mayor problema está en la subrepresentación del costo de los servicios. “Las tarifas de luz, agua, transporte, salud privada o alquileres tienen hoy un peso mucho mayor en los ingresos familiares, pero no están reflejadas de manera adecuada en la medición de la inflación”, afirmó.

Esta distorsión, advirtió, no es neutra: al subestimar el impacto real de los aumentos, los salarios pierden referencia, las paritarias se negocian con datos incompletos y los ajustes en jubilaciones y programas sociales quedan rezagados frente al verdadero aumento del costo de vida.

“Los incrementos de precios derivados de la quita de subsidios y la desregulación no solo recaen sobre los hogares, sino que además quedan fuera del debate público cuando el índice no los muestra”, señaló.

Datos, política y realidad social

Desde el ISEPCi plantean que la discusión no es técnica sino política. “Los datos deben estar al servicio de las políticas públicas y de la sociedad, no funcionar como una herramienta para suavizar la realidad”, sostuvo Botto.

En ese sentido, cuestionó el discurso oficial sobre una supuesta mejora económica: “La experiencia cotidiana contradice los números que se difunden. Basta con ir al almacén, pagar un alquiler o recibir una factura de servicios para notar que la inflación real es más alta de lo que se informa”.

Para la dirigente, la falta de una medición actualizada termina consolidando un modelo que beneficia a pocos y deja afuera a amplios sectores sociales. “Una inflación bien medida permitiría discutir ingresos que alcancen para vivir con dignidad. Sin eso, se naturaliza el ajuste, el deterioro del salario y el retroceso en derechos básicos”, concluyó.

Por qué el Gobierno demora la nueva medición de la inflación y qué impacto tiene en la vida cotidiana

Desde el ISEPCi advierten que la negativa oficial a actualizar la metodología del IPC distorsiona el verdadero costo de vida, invisibiliza el peso de los servicios y limita la discusión salarial, jubilatoria y social.