Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia y por qué genera debate.

La discusión por la Ley de Glaciares volvió a instalarse en el centro de la agenda política tras el impulso oficial para modificar la normativa vigente desde 2010. La iniciativa propone cambios en los criterios de protección ambiental y en la forma en que se regulan las actividades productivas en zonas cordilleranas, lo que abrió un debate entre desarrollo económico y preservación de recursos estratégicos.

La ley actual establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas clave de agua dulce. En ese marco, prohíbe actividades que puedan afectar esas zonas, como la minería o la exploración hidrocarburífera.

El proyecto de reforma, en cambio, introduce una lógica distinta: propone que la protección no sea general sino que dependa de evaluaciones técnicas sobre la “función hídrica” de cada glaciar o zona periglacial. De este modo, solo quedarían bajo resguardo aquellas áreas que se consideren relevantes para el suministro de agua.

Uno de los cambios centrales es el rol de las provincias. La iniciativa busca transferirles mayor poder para definir qué áreas deben ser protegidas y para autorizar o rechazar actividades productivas, en función de estudios de impacto ambiental propios.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “ordenar” la normativa, reducir la discrecionalidad y generar condiciones de mayor seguridad jurídica, especialmente para proyectos de inversión en minería, un sector que consideran clave para el crecimiento económico.

Sin embargo, la propuesta generó críticas en ámbitos científicos, ambientales y políticos. Entre los cuestionamientos más reiterados se advierte que limitar la protección a la función hídrica podría reducir significativamente las áreas resguardadas y afectar ecosistemas que cumplen múltiples funciones, no solo vinculadas al agua.

También se cuestiona la delegación de facultades a las provincias, ya que podría derivar en criterios dispares entre jurisdicciones y decisiones influenciadas por intereses económicos locales.

La discusión de fondo expone dos visiones contrapuestas: por un lado, quienes promueven flexibilizar la normativa para facilitar inversiones y explotación de recursos; por otro, quienes advierten sobre el riesgo de debilitar la protección de reservas estratégicas en un contexto de cambio climático y creciente escasez de agua.

Con el proyecto en debate legislativo, el futuro de la Ley de Glaciares se perfila como uno de los temas más sensibles en la agenda ambiental y económica del país.

Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia y por qué genera debate.

El Gobierno impulsa modificaciones a la normativa que protege los glaciares como reservas de agua. El proyecto busca redefinir los criterios ambientales y otorgar mayor poder a las provincias, en medio de cuestionamientos de especialistas y organizaciones.